La corrupción, mal de males en México / Hablemos en serio
El término corrupción es inherente a la cultura política mexicana. En la escuela, en las pláticas familiares, laborales, sociales; en todo ámbito, hemos escuchado frases coloquiales como “el que no tranza, no avanza”, “tienes que dar mordida” o la más reciente, “tienes que mocharte” (los famosos moches, sin indirecta para ningún gobernante).
Acciones que se han vuelto una ‘costumbre’ en la vida cotidiana y parte del ‘diccionario’ del mexicano. Lamentablemente, las malas prácticas permean a toda una sociedad y están más enquistadas en los países de América Latina.
Transparencia Internacional (TI) y Transparencia Mexicana, nos vuelven a mostrar la cruda realidad de los niveles de percepción sobre la corrupción que se registran en México.
De acuerdo con los organismos civiles, en el Índice de Percepción de la Corrupción del año 2017, la calificación de México empeoró por un punto, pasando de 30 a 29, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia.
Penosamente, estas cifras ubican al país en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción. A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay.
Y por si fuera poco, México junto a Rusia, es el país peor evaluado del G20 y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
Ante tal escenario, apenas en 2014 México se preocupó y ocupó en combatir este mal que corroe y desgasta cada vez más el funcionamiento de gobiernos e instituciones públicas, situación que provoca desconfianza y hartazgo del ciudadano hacia sus gobernantes. Y con justa razón.
Como parte de las acciones que se decidieron emprender, fue aprobada por el Congreso de la Unión, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la cual se derivó la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema, tiene el objetivo de vigilar el actuar de gobiernos y gobernantes, de instituciones y sus titulares, implementando mecanismos de control que no contemplan sanciones, es decir, puros ‘llamados a misa’ para quienes se “porten mal” en el ejercicio del cargo público que desempeñen.
No obstante, se pueden ver ya intentos para combatir las malas prácticas, alentar la transparencia y la rendición de cuentas. De manera reciente, la Secretaría Ejecutiva de ese sistema y el Comité de Participación Ciudadana, desplegaron por todo el país la Consulta Pública para crear la Política Nacional Anticorrupción. Encuesta en la que participé y que me pareció bien orientada y la cual permitirá conocer a profundidad la percepción y el sentir del ciudadano sobre este tema. Partiendo de ahí, se pueden construir posibles soluciones.
Por ello, es importante que conozcamos e identifiquemos los diferentes delitos que se desprenden de la corrupción. Detectarlos y denunciarlos, es tarea de todos, si es que queremos desterrar la impunidad.
Les comparto las siguientes definiciones:
Soborno.- Cuando un actor público entrega o acepta una dádiva para recibir un beneficio.
Malversación de fondos.- Cuando uno o dos más individuos, manipulan los recursos públicos que les confiaron para un fin privado.
Peculado.- Delito que consiste en la apropiación indebida de bienes (inmuebles o muebles) pertenecientes al Estado.
Tráfico de Influencias.- Traficas con la información para conseguir algo (programa) y que un tercero obtenga un beneficio.
Abuso de autoridad.- Cuando un sujeto se vale de la estatus de funcionario para beneficiarse de algo o evadir la justicia.
Enriquecimiento ilícito.- Cuando un funcionario no puede acreditar el incremento de su patrimonio, con respecto a sus ingresos salariales.
Encubrimiento.- Es el acto de una persona que sin tener participación en un evento ilícito, cuyo conocimiento lo tiene de éste, sirve de auxiliar para aprovechar los beneficios del mismo.
Las acciones para inhibir y castigar las malas prácticas en el ejercicio público, deben comenzar en casa y en el aula. En estos dos ‘santuarios’, es donde se forjan los valores que nos forman como seres humanos, tal como lo establece Fernando Savater.
Si exigimos gobernantes honestos, honrados y transparentes, entonces comencemos por nosotros: dejemos de dar “mordidas” al oficial de tránsito para que no nos infraccionen; dejemos de pasarnos la luz roja de los semáforos; dejemos de estacionarnos en los lugares que son para personas discapacitadas; respetemos la ley y a los demás, así de simple. Las buenas prácticas no son tema de moralidad, sino de ética.
En México existe un rezago de décadas. Especialistas proyectan un panorama nada alentador para nuestro país, al asegurar que en 50 años podría verse una reducción considerable en los índices de corrupción e impunidad, siempre y cuando se le dé continuidad a las políticas públicas en la materia y se fortalezca cada vez más el marco jurídico.
Por: Christian Erazo Ortiz
Lic. Comunicación Medios Masivos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cursa en la actualidad la Maestría en Gobierno y Administración Pública.